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Impugnación de tasación de costas

Contacta conmigo una persona que ha tenido una mala experiencia y no se fia ya de su abogado. Me pide que impugne la factura que presenta el abogado contrario. Contacto con el abogado y éste acepta mi intervención sin necesidad de darme la venia. Esta es la impugnación. Las costas judiciales suelen dar muchos digustos a quienes pierden un juicio porque con el abogado contrario no se puede discutir, se aplican simplemente las normas que fijan los colegios de abogados, a veces excesivas.

Motivos   

La factura del abogado tiene tres anomalías:

Estas tres anomalías hacen que la factura no deba ser incluída en la tasación y, si se estima que puede serlo, sea excesiva.

1. Falta de detalle

El artículo 243.3 LEC exige que la minuta del abogado sea detallada. La razón de esta exigencia es, precisamente, garantizar el control de la misma, tanto por el Secretario del Tribunal, como por la parte condenada al pago, para que ambos puedan evaluar el alcance y naturaleza de los trabajos que se facturan.

En este caso la minuta no contiene la menor descripción del trabajo realizado por el Abogado, sólo dice que los honorarios están calculados en base al trabajo efectivamente realizado, y que la parte contraria fue condenada en costas.

Sólo por eso no debió admitirse la inclusión en la tasación de costa de la minuta, al no reunir los requisitos legalmente exigidos, remitiendo, en su caso, a la parte al juicio ordinario que corresponda. Como consecuencia, la Sala debe estimar esta alegación, excluyendo de la tasación la minuta defectuosa, con reserva de acciones.

2. Base de cálculo incorrecta

La cuantia del procedimiento fue fijada en 4.560€ en el fundamento de derecho IV de la demanda, tal como exige el artículo 235 LEC. Conforme a este artículo, la alteración del valor de los bienes objeto del litigio que sobrevenga después de interpuesta la demanda, no implicará la modificación de la cuantía, ni de la clase de juicio. Este principio de conservación de la cuantía, unido al hecho de que los Demandados no la discutieron al contestar la demanda, hacen que la cuantía sea indiscutida, indiscutible e inmutable a lo largo de todas las instancias del juicio: 4.560€. Una prueba concluyente de que la cuantía correcta son 4.560€ la tenemos en que el Procurador ha calculado su cuenta sobre la base de dicha cuantía, y no sobre los 14.000€ del Abogado, o la cuantía indeterminada de la LEC.

Por consiguiente es incorrecta la afirmación de la minuta impugnada de que la cuantía del pleito sería indeterminada, y más incorrecta aún fijarla en 14.000€ aleatoriamente, cuando ya existe una cuantía legalmente fijada, inmutable para todas las instancias del proceso.

3. Omisión de criterios

La minuta no nos indica qué normas o criterios de minutación aplica, lo que nos dificulta un efectivo control de la corrección o incorrección de la misma. Entendemos que las normas aplicables son las del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.

4. Determinación del importe

Según la norma 45 sobre honorarios profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, los honorarios de los recursos de apelación en que no haya vista seran el 60% de los devengados en primera instancia. La norma 22, que regula los honorarios de los juicios ordinarios, nos dice que se aplica el 100% de la escala prevista en la norma 17, con un minimo de 1.200€. Si aplicamos la escala (norma 17) a la cuantia del procedimiento, 4.560€, tenemos unos honorarios en primera instancia de 917,40€. Por consiguiente los honorarios correspondientes a la apelación son el 60% de los de primera instancia, es decir 917,40 x 60% = 550,44€, a los que añadimos el 21% de IVA, lo que nos da 665,63€, IVA incluido.

5. No aplicabilidad de percepción mínima

Es cierto que la norma 22 ICAB dice que los honorarios mínimos de primera instancia, en el juicio ordinario, son 1.200€; sin embargo entendemos que en este caso, y en general en las tasaciones de costas, no deben aplicarse los mínimos porque, en definitiva, quien debe remunerar al abogado es la parte a quien éste defiende, y con quien le vincula una relación contractual libremente estipulada. Lo que debe determinar el Tribunal no son los honorarios que el abogado cobra, sino la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante.

Segun reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (05/06/1998; 19/06/1998; 18/12/1998; 31/12/1998; 15/7/2002; 01/03/2002; 10/12/2001: 09/09/2002; 01/10/2002; 25/10/2000; o 02/05/2007) la cuantia minutada ha de estar en proporción al trabajo profesional desarrollado, dependiendo de la complejidad del tema, tiempo dedicado y valor económico de las pretensiones en litigio, y, en definitiva, de todas aquellas circunstancias que se puedan ponderar, apreciar y valorar en cada caso.

Según el auto 4537/2011, de 03/05/2011, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo:

“....la minuta incluida en la tasación debe ser razonable dentro de los parametros de la profesión y no solo calculada de acuerdo con criterios de cuantia, sino adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, el contenido del escrito de impugnación del mismo.....”

En este caso el trabajo facturado no tiene complejidad especial, se trata de una oposición a un recurso de apelación sin apenas fundamentos y sin complicación especial, de corta extensión, que no requiere un esfuerzo adicional que justifique la aplicación de unos honorarios superiores a los 665,63€, IVA incluido, que resultan del apartado anterior.

Si, pese a todo, el Tribunal entiende que sí procede la aplicación del mínimo de 1.200€ de la norma ICAB 22, entonces los honorarios no podrían exceder de 1.200€ x 60% = 720€ + 21% de IVA = 871,20€.